El pasado 15 de agosto, el equipo legal de la organización Provea presentó una acción de amparo constitucional ante la Sala Especial Única de la Corte de Apelaciones con Competencia en Casos Vinculados a Delitos Asociados al Terrorismo, en favor del activista y defensor de derechos humanos, Eduardo Torres.

La ONG denunció que el Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia contra Terrorismo ha incurrido en “constantes violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa“, al impedir la designación y juramentación de los abogados de confianza del detenido.

En el recurso consignado en el Palacio de Justicia de Caracas, Provea subraya que esta práctica vulnera el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como lo dispuesto en el artículo 14.3.b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

“Las gestiones realizadas hasta la fecha ante el referido tribunal para que el agraviado pueda designar abogados de confianza no han sido posibles, sin que se tenga ningún tipo de certeza sobre las actuaciones judiciales que han sido realizadas hasta el momento”, señala el escrito, en el que se documentan las diligencias emprendidas por el equipo de exigibilidad legal de la ONG.

Incomunicación prolongada y riesgo a la integridad

Provea recordó que Eduardo Torres fue detenido arbitrariamente y sometido a desaparición forzada el 9 de mayo pasado, y que desde entonces permanece incomunicado en la sede del Sebin en El Helicoide, sin acceso a visitas familiares ni a sus defensores de confianza.

La familia de Torres fue informada días después de su desaparición sobre su reclusión en El Helicoide, centro de detención que ha sido reiteradamente señalado como un espacio de torturas y tratos crueles en Venezuela. Sin embargo, ni allegados ni abogados han podido verlo para constatar su estado de salud, lo que lo mantiene en una situación de riesgo y vulnerabilidad, al tiempo que prolonga la angustia de sus familiares.

“El abogado Eduardo Torres, persona agraviada en la presente acción de amparo constitucional, todavía se encuentra en situación de incomunicación en la sede del Sebin. Próximamente cumplirá tres meses en esa condición, sin visitas de familiares, sin conversaciones telefónicas autorizadas por el organismo policial y sin poder entrevistarse con sus abogadas de confianza”, expone el documento introducido por Provea.

Solicitud a la Corte de Apelaciones

En su escrito, la organización de derechos humanos pidió a la Corte de Apelaciones ordenar al Tribunal Especial Tercero de Primera Instancia contra Terrorismo que cese las obstrucciones al debido proceso y permita a Torres designar libremente a sus abogados de confianza, en cumplimiento del artículo 49 de la Constitución venezolana.

Defensores detenidos en Venezuela

Con Torres, son al menos cinco los defensores de derechos humanos que permanecen detenidos en Venezuela.

• Rocío San Miguel fue detenida en febrero de 2024 junto a familiares por exigir rendición de cuentas al poder militar.
• Javier Tarazona, de Fundaredes, está preso desde julio de 2021 por documentar la violencia en zonas fronterizas.
• Eduardo Torres, abogado de Provea, fue víctima de desaparición forzada en mayo de 2025 y permanece aislado e incomunicado en El Helicoide, a pesar de ser beneficiario de medidas cautelares de la CIDH.
• Carlos Julio Rojas, periodista y activista, fue detenido en abril de 2024 y enfrenta condiciones similares.
• Kennedy Tejeda, abogado del Foro Penal, fue arrestado en agosto de 2024 mientras ofrecía asistencia legal.

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