Ante el comienzo del año escolar es necesario detenerse a observar y evaluar las condiciones del sistema educativo. Las actuales no pueden ser más deprimentes, a todos los niveles. La educación superior no es la excepción. Los rasgos que definen su caso van desde la reducción presupuestaria, el deterioro de las instalaciones y de los servicios universitarios, la escasa dotación de medios para la investigación, hasta la emigración de incontables profesores y el abandono de las aulas de un enorme contingente de estudiantes.

La posibilidad de pensar en un cuadro diferente, felizmente, no ha desaparecido. Alienta conocer el ejemplo de tantos profesores en la carrera de medicina que continúan al frente de sus tareas animados por su sensibilidad humana, su sentido de responsabilidad y su propia voluntad de participar en la construcción de la sociedad. Prácticamente sin compensación económica, con obstáculos institucionales de envergadura y trabajando con presupuestos exiguos, sin dotación de instrumentos ni material hospitalario, dedican lo mejor de ellos mismos a la práctica médica, a la cátedra, a la guía profesional a sus estudiantes. 

Estos profesionales de la medicina y la docencia siguen aferrados a su vocación de servicio en el Hospital Clínico Universitario, en el Vargas o el Pérez Carreño, en la clínica Luis Razetti, centros médicos en los que profesores y estudiantes cumplen un doble y dignificador acercamiento al saber, a la ciencia, a la práctica médica, por un lado, y, por otro, a las personas, a los pacientes, a la salud y a la sociedad. La formación para la profesión de médico, con lo que ella denota de servicio y de responsabilidad, sigue teniendo en ellos un baluarte. Son profesionales imbuidos de una dedicación encomiable inspirada por una entrega que supera estrecheces y asume sacrificios de variada índole. 

La postura generosa de estos profesionales de ninguna manera hace olvidar las limitaciones con las que sobrevive la educación superior en Venezuela en su conjunto. Más bien refuerza la necesidad de pensar en sus grandes problemas, incluido el de su financiamiento. El peso de la realidad impone la revisión de un modelo que ha venido atribuyendo al Estado toda la responsabilidad del sostenimiento de las universidades públicas. Una voz autorizada como la del padre Ugalde lo viene recordando desde los años 80, en un discurso cada vez más claro ahora sobre la urgencia de superar esa dependencia y probar nuevas fuentes, nuevas modalidades, nuevos mecanismos, pensados y movilizados por la participación ciudadana, la de los propios estudiantes, pero también la de los egresados, de las empresas, de los colegios profesionales, de las fundaciones nacionales e internacionales. La responsabilidad ciudadana en la formación de los nuevos profesionales implica la obligación tanto de los individuos como de las organizaciones de invertir en capacitación y desarrollo. Es la sinergia de la que habla Ugalde: Estado, sociedad, familia.

La experiencia de algunas universidades privadas, y también públicas, en el desarrollo de proyectos, unos más extensos, otros más limitados, dice que esa participación es posible, que esa unión de voluntades potencia el aporte de cada uno. Algunos colegios profesionales se han hecho eco y socios en estas iniciativas, y colaboran mediante muy variadas alianzas y propósitos -becas, financiamiento, convenios de cooperación, pasantías y formación profesional, asistencia técnica, apoyo tecnológico- encaminadas a mejorar la calidad educativa y a abrir oportunidades al talento y a la voluntad de trabajo.

Los problemas presupuestarios no son los únicos que afectan a nuestras universidades, pero su agravamiento se expresa en crisis y emergencias de todo orden que conducen al deterioro del nivel académico, de la calidad profesional de sus egresados y de su aporte a la sociedad. Diseñar una estrategia para un proceso de diversificación de sus fuentes de financiamiento es un paso, pero también, y fundamental, atender su calidad, su capacidad de innovación, de integración al país y de respuesta a los grandes requerimientos nacionales.

Para salvar la universidad pública, Ugalde pide a la sociedad venezolana abandonar la idea de que el financiamiento de la educación superior debe ser materia exclusiva del Estado. Aferrarse a la gratuidad integral de la universidad pública es, a su juicio, renunciar a su recuperación como universidad. Salvar la universidad pública, recuperarla, implica devolver valor a la participación del ciudadano, la personal y la de las agrupaciones: universidades mismas, colegios profesionales, empresas, asociaciones. Lo contrario es darle la espalda al problema. 

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