Al emitirse los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela  en el país estalló un movimiento en rechazo a los anuncios de Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Tras conocerse los polémicos resultados sin presentar el desglose mesa por mesa en cada centro de votación, y hacerse una cuestionada proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo -para un tercer mandato presidencial- en Venezuela iniciaron protestas que fueron confrontadas con una fuerte represión protagonizada por militares, policías y colectivos armados.

Esa represión causó, hasta el 8 de agosto de 2024, al menos 23 fallecidos según datos de la plataforma Monitor de Víctimas, y más de 1200 detenidos, de acuerdo con información de la ONG Foro Penal Venezolano. Estas detenciones son arbitrarias y un número importante de los afectados son jóvenes menores de edad. También, se denunció la detención de personas con discapacidad e indígenas.

Una amplia gama de patrones también caracteriza esta represión poselectoral, pues no solo se llevan a personas que estén manifestando: algunos únicamente transitaban por las calles o estaban frente a sus casas cuando fueron arrestados arbitrariamente. La ola represiva se expandió y también afectó a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y a dirigentes políticos relacionados con María Corina Machado, lo que ha encendido las alarmas entre organizaciones que defienden los Derechos Humanos tanto dentro como fuera del país. 

El cuestionamiento de los resultados electorales no ha sido solamente interno. Al coro del desacuerdo con las cifras emanadas por el CNE se han sumado gobiernos y organizaciones internacionales que desconocieron al gobernante Nicolás Maduro como ganador y han pedido al CNE que publique las actas de votación, algo que hizo la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González a solo dos días de la elección en una página web en donde se pueden verificar gracias al trabajo de los testigos electorales. 

Gobiernos internacionales también han expresado su preocupación por la represión en las protestas ocurridas tras las elecciones, y al menos 646 incidencias que podrían calificarse como delitos de lesa humanidad ocurridas en el marco de la represión poselectoral fueron consignadas ante la Sala de Cuestiones Previas de la Corte Penal Internacional 

Dentro y fuera de Venezuela crece la incertidumbre ante la opacidad del CNE, cuya página web permanece caída y el ente comicial tampoco ha dado detalles exactos sobre los resultados mesa por mesa. La Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) establece que debía hacerlo a 48 horas de la elección.  En paralelo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se convirtió en el bateador emergente de Nicolás Maduro por petición del propio gobernante, al tomar el control de lo que, por ley, le corresponde solamente al CNE.

A continuación podrá ver una cronología elaborada por el equipo de Runrun.es, en la que se recogen los hitos de los hechos que han sucedido tras la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela: