Después de que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro”, también conocida en la sociedad civil como ‘Ley anti-ONG’, diversos actores se han pronunciado en contra. 

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó en un comunicado que dicha ley es una arremetida de la administración de Nicolás Maduro en contra de quienes luchan por los derechos humanos. 

“La aprobación de esta ley pone en riesgo la existencia y funcionamiento de las organizaciones comunitarias, humanitarias y de derechos humanos con artículos ambiguos que servirían de base para sancionarlas de forma desproporcionada y hasta arbitrariamente legalizarlas de forma masiva”, afirmó. 

Piquer insistió en que la normativa es un intento de “asfixiar el espacio cívico” y representa otra forma de represión por parte de las autoridades venezolanas para acallar a las organizaciones que han denunciado violaciones de los derechos humanos en los últimos años.

“La pretensión con la aprobación de esta ley es impedir que la sociedad civil venezolana siga acompañando a las víctimas, prestando asistencia que las autoridades no son capaces de satisfacer y denunciando la crisis humanitaria compleja en la que está sumida el país, así como los posibles crímenes de lesa humanidad orquestados por el gobierno de Nicolás Maduro”, denunció Piquer. 

EEUU: la ley solo aislará más a Maduro

Sobre la ley para regular y controlar las organizaciones sin fines de lucro en Venezuela, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los EEUU, Brian Nichols, destacó que solo aislará más a Nicolás Maduro de la comunidad internacional. 

Nichols se pronunció el 19 de agosto por medio de X, antiguo Twitter, y aseguró que la ley es un ataque directo a la sociedad civil. 

“La nueva ley de Maduro y sus representantes para controlar a las ONG venezolanas es un ataque directo contra la sociedad civil y la libertad de asociación, socava la democracia e impide la participación ciudadana en los espacios cívicos. Esta acción solo aislará aún más a Maduro”, escribió. 

¿Qué hay detrás de la “ley anti-ONG”? 

En una sesión del 15 de agosto, la Asamblea Nacional, de tendencia oficialista, aprobó la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) y asociaciones civiles sin fines de lucro. El objetivo principal de esta normativa es regular las actividades de dichas organizaciones.

Entre los puntos que más preocupan a las organizaciones de Venezuela está que todas las organizaciones quedan ilegalizadas y deben presentar, otra vez, todos los requisitos para operar de forma legal en el país.  Desde su aprobación, de acuerdo al artículo 26, tendrán un plazo de tres meses para presentar los estatutos para su legalización. 

Además, según el artículo 28, numeral 4 de la ley, se establece que la falta de pago de las multas impuestas en la ley se consideraría una causal de disolución de las organizaciones, que además ahora están obligadas a proporcionar una relación completa de las donaciones recibidas, “identificando a los donantes y especificando si son nacionales o extranjeros, y si las donaciones son esporádicas o recurrentes”, precisa Defiende Venezuela.

En un trabajo especial de Runrun.es, titulado “13 puntos de preocupación de la ley contra las ONG aprobada en la AN”, el abogado, Alí Daniels, aseguró que esta ley podría traer consecuencias terribles para la ayuda humanitaria”. 

“La ayuda humanitaria implica asistencia para la vida y salud de personas víctimas de la Emergencia Humanitaria Compleja, si se va a agregar la necesidad de que alguien diga que los fondos son lícitos y que pueden aplicar, se imaginan las consecuencias que tendrá”, agregó Daniels.