La noche de este lunes 11 de agosto, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la “desaparición forzada” de Nancy Camacaro, de 61 años de edad, desde el 21 de julio, en Barquisimeto, presuntamente bajo custodia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleita, en Caracas.

En un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), la organización señaló que Nancy formaba parte del “equipo electoral durante la campaña presidencial de Edmundo González Urrutia”, en el estado Lara. Hasta ahora, la dirigente no ha podido comunicarse con su familiares ni ha tenido acceso a un abogado privado de su confianza, lo que viola el debido proceso.

“Padece hipertensión y requiere tratamiento médico continuo. Además, sufre dolores en la columna y brazos y presenta mareos repentinos, condiciones que podrían agravarse sin atención médica adecuada”, añadió Clippve.

El comité exigió al Estado informar sobre el paradero y posterior liberación de Camacaro, así como garantizar su “integridad física y emocional”, además que se le permita acceso a familiares, abogados y atención médica especializada.

“La detención y desaparición forzada de Nancy Camacaro constituye una grave violación a los derechos humanos, contraria a la Constitución y a los estándares internacionales. Alertamos a los organismos de la Naciones Unidas sobre esta desaparición forzada en Venezuela”, expresó el comité.

🚨 DENUNCIA PÚBLICA | Desaparición forzada de Nancy Camacaro

Familiares de Nancy Camacaro (CI: 7.363.303), de 61 años de edad, denuncian que lleva 22 días desaparecida, desde el 21 de julio, presuntamente bajo custodia de la DGCIM en Boleíta, Caracas.

Nancy reside en… pic.twitter.com/hja2OevGAi

— Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) August 11, 2025

Aumento de la represión

El reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela, publicado el 27 de junio, advirtió que en el país persite un patrón de detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos a 32 victimas, incluidos 15 adolescentes tras las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024.

Volker Turk alertó que durante las elecciones parlamentarias el Estado detuvo a 70 personas, entre ellos dirigentes de oposición y defensores de derechos humanos, acusados de pertenecer a grupos terroristas. “Me preocupan sobremanera las condiciones de la detención y el que se deniegue a algunas personas a la atención médica o el acceso al agua y a la alimentación”, expresó el Alto Comisionado de la ONU.

Por otro lado, Human Rights Watch, señaló que tras haberse cumplido un año del fraude electoral denunciado por dirigentes de oposición, las autoridades venezolanas “están cometiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos contra sus críticos”.

No son hechos aislados

Estas acciones no son hechos aislados, forman parte de una política de criminalización que ejecuta el Estado contra dirigentes políticos de oposición. Después de un año de las elecciones presidenciales, la persecución contra la disidencia se mantiene e incluso se ha intensificado.

Las más reciente detención sucedió en Caracas, la defensora de derechos humanos, Martha Lía Grajales fue arrestada el pasado martes 8 de agosto, por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana luego de haber participado en una manifestación, al frente de la sede de la ONU, en apoyo a las madres que fueron agredidas la noche anterior, en una vigilia en los alrededores del Tribunal Supremo de Justicia, por un grupo de colectivos.

Este lunes 11 de agosto, el Ministerio Público informó que Lía Grajales fue imputada por delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir, dictando privativa de libertad. Actualmente, de acuerdo a su esposo, la activista se encuentra recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), centro penitenciario para mujeres, ubicado en Los Teques, en el estado Miranda.

Según el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, en el mes anterior, el primer arresto se produjo el 6 de julio y fue la del dirigente Luis José Magallanes, coordinador de organización del partido en el estado Yaracuy y el de Rodrigo Pérez, coordinador de comunicaciones en el estado Bolívar.

Una semana después, en Bolívar, el 14 de julio, Yandir Loggiodice, secretario general del Partido Centro Democrático fue apresado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Asimismo, la madrugada del 18 de julio, hombres encapuchados sacaron de su vivienda al dirigente estudiantil y miembro de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Simón Bolívar Obregón, hasta este momento se desconoce su paradero.

Al día siguiente, fuerzas de seguridad del Estado llevaron a cabo la detención de Manuel Enrique Ferreira, jefe de campaña del Comando ConVzla en el estado Lara, el cual fue arrestado “a la fuerza y sin orden judicial”.

Otro caso que forma parte del contexto de represión que ejecuta el Estado, ocurrió en el estado Barinas, esta vez contra organizaciones sindicales. El 22 de julio, fue detenida y posteriormente imputada, Yanny González presidenta del Colegio de Enfermería de este estado.

El 24 de julio, fue detenida Albany Colmenares, secretaria política de Vente Venezuela en Carabobo. “Colmenares ha sido perseguida por organizar y movilizar a la ciudadanía, especialmente durante la campaña presidencial de 2024 y en las elecciones que tuvieron lugar el 28 de julio de ese año”, expresa en su página web el partido político Vente Venezuela.

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela documento, durante el mes de julio, los arrestos de Jesús Perozo, miembro de Un Nuevo Tiempo en Portuguesa; Ramón Alexis Corredor, abogado en Portuguesa; Fernando Serrano, secretario político de Vente Venezuela en Bolívar; Ángel Rivas, dirigente gremial en el estado Bolívar y Fidel Brito, miembro de FetraBolívar.

La organización Foro Penal ha contabilizado hasta este 11 de agosto de este año, que en el país existen 808 presos políticos; cuatro son adolescentes, 96 mujeres, 106 militares, 83 con nacionalidad extranjera. y a 44 personas “que aún no se conoce su paradero”, también reseñó en un documento publicado por Vente Venezuela el pasado viernes 8 de agosto.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país