El director de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, Nelson Fréitez, aseguró que la Ley de Fiscalización, Regulación, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y Afines no solo cuenta con el rechazo de la organizaciones nacionales sino también internacionales que defienden los Derechos Humanos.

Fréitez indicó que se han pronunciado contra el instrumento legal aprobado en segunda discusión por la Asamblea Nacional chavista Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, la Relatorìa Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

“El oficialismo pretende hacer ver que con esta ley se impedirá que las asociaciones y organizaciones que se ocupan de velar por los Derechos Humanos puedan documentar que en Venezuela fueron violados los derechos de millones de personas que ejercieron el sufragio del 28 de julio”, sostuvo.

El sociólogo manifestó que a través de esta y la ley del fascismo que igualmente promueve Nicolas Maduro se busca ocultar que el CNE impidió la inscripción de al menos cuatro millones de venezolanos en el Registro Electoral dispersos por el mundo entero.

“O que, debido a medidas autoritarias, se impidió que hubiera observación internacional en esas elecciones, o que en Venezuela no se cumple con los requisitos esenciales para optar a ser magistrados del Tribunal Supremo de Justicia o las condiciones de independencia política que deben tener los rectos del Consejo Nacional Electoral”, añadió.

El profesor universitario señaló que por tal razón defensores de los DDHH se encuentran tras las rejas.

“Cualquier observación que hacen las organizaciones no gubernamentales son objeto de detención de algunas de las personas más significativas, como son los casos de Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano, o de Javier Tarazona, presidente de Fundaredes, quienes son defensores de los Derechos Humanos”.

Con información de El Impulso